El gobierno español no cumple sus obligaciones en gestión de residuos

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La sentencia del Tribunal se refiere sobre todo a la gestión española de residuos en torno a 61 vertederos en desuso. Estos 61 vertederos incontrolados que se encuentran en desuso se encuentran principalmente en Canarias, y también en provincias como León, Málaga, Mallorca, Ávila, Burgos y Palencia, entre otras.

Según la sentencia, España ha incumplido sus obligaciones ya que no ha adoptado las medidas necesarias para que los residuos sean tratados tal y como establece el Derecho europeo, de manera que no se pongan en peligro ni la salud humana ni el Medio Ambiente, y que en concreto no resulte peligroso para nuestra flora, fauna, aire, suelo, agua…

Este nuevo toque de atención a España debe servir, tal como espera la Comisión Europea, para que nuestras autoridades cierren y sellen los vertederos citados. Según fuentes del Ejecutivo comunitario, éste evaluará de cerca la ejecución de la sentencia y se darán los pasos necesarios para conseguir corregir esta situación.

Según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, durante el juicio las autoridades españolas no han conseguido demostrar haber cumplido las medidas que se exigían antes de la fecha limite marcada del 26 de septiembre de 2014.

La sentencia asegura que todos estos vertederos han funcionado durante un largo periodo de tiempo de forma incontrolada e ilegal. También afirma que los residuos que se han vertido no se han tratado de la manera adecuada para controlar su efecto nocivo para el Medio Ambiente.

Ya en marzo de 2007 la Comisión Europea abrió un procedimiento de infracción contra España. En aquel entonces, ya constató que nuestras autoridades no tomaban las medidas para conseguir una gestión de residuos acorde con la normativa comunitaria en los vertederos incontrolados. Siete años después se produjo un ultimátum sobre 63 vertederos incontrolados, que en 2014 ya se encontraban en desuso pero que no se habían sellado ni regenerado tal como indica la normativa europea.

Tiempo después, España seguía sin responder de forma satisfactoria las exigencias europeas. Según Bruselas, el gobierno español seguía sin gestionar de forma adecuada los residuos en 61 vertederos. El hecho de que está situación se prolongara ha supuesto una degradación significativa del Medio Ambiente. Por ello, decidió poner el caso en manos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

La defensa española se basó en argumentar problemas económicos, la apertura de líneas de financiación específicas para acondicionar los vertederos y en que, realmente, no existe ya ningún vertedero incontrolado en funcionamiento en España. Sin embargo, estos argumentos no lograron convencer al tribunal.

Es la segunda vez en dos años que España es advertida por la Unión Europea por incumplir las normas en materia de gestión de residuos. En febrero de 2016 ya hubo una condena por no tomar las medidas necesarias en relación a la clausura de 30 vertederos. Un caso que sigue sin resolver y que podría acabar en multa.